Tres personas originarias de la comunidad indígena de La Resurrección –entre ellos el presidente auxiliar- hablantes de náhuatl, están detenidas con cargos de motín, robo agravado, lesiones, apología del delito, daño en propiedad ajena y amenazas y podrían alcanzar la categoría de presos políticos del gobierno de Eduardo Rivera Pérez, esto tras el enfrentamiento registrado frente al Palacio Municipal, advirtió Leobardo Rodríguez Juárez, regidor de la fracción Morena-PT; “Estamos ante un caso de presos y perseguidos políticos”.
En rueda de prensa, el cabildante detalló que, durante los hechos del 21 de noviembre, el edil auxiliar Adolfo “N” fue detenido con engaños, toda vez que funcionarios municipales le solicitaron dirigirse a un encuentro para iniciar el diálogo, sin embargo, lo aprehendieron y trasladaron a las instalaciones de la secretaría de Seguridad Ciudadana (Rancho Colorado), donde lo retuvieron incomunicado por once horas.
Este es “el primer presidente auxiliar indígena preso, de Eduardo Rivera, siguiendo la escuela de Rafael Moreno Valle” acotó.
Otra ilegalidad cometida, acusó, fue la detención de uno de los manifestantes junto con su hija de dos años, y a quien amenazaron con entregar a la menor al sistema DIF.
Leobardo Rodríguez destacó que los tres detenidos son hablantes de náhuatl y no contaron con el acompañamiento de un traductor, al explicar que La Resurrección es un pueblo indígena y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sus pobladores deben tener un tratamiento especial ante las autoridades.
Ante la prensa, detalló el antecedente de este conflicto, ya que hace diez años, quien fuera el secretario de Gobernación municipal -Pablo Montiel Solana- firmó el acuerdo para que a través de la aprobación de asamblea comunitaria se apruebe el pago de contribuciones, sin que el presente gobierno municipal haya tenido un acercamiento con las y los pobladores para convenir la forma en que cumplirán con sus obligaciones “es mentira que la gente se niegue a pagar las contribuciones, también es mentira que la gente pagaba en la junta auxiliar los permisos para negocios”, relató.
Explicó que en días pasados personal de la dirección de Normatividad -escoltado hasta por cuatro patrullas- acudió a locales comerciales para pedir “moche” al no recibirlo, los clausuraban y multaban, y una vez pagada la infracción, abrían nuevamente, aun sin tener los permisos ante el Ayuntamiento.
Ante la persistencia de la extorsión por parte de Normatividad, habitantes de la junta auxiliar solicitaron una mesa de trabajo con el alcalde Eduardo Rivera, con esa intención marcharon al centro de la ciudad y en respuesta encontraron un operativo de la Policía municipal en su contra, esto, ante las amenazas previas del secretario de Gobernación -Jorge Cruz Lepe- de atenerse a las consecuencias si marchaban.
Al llegar ante el Palacio Municipal, Miguel Martín Hernández Martínez, coordinador general de Operatividad Policial de la secretaría de Seguridad Ciudadana, -brazo derecho de la titular de la dependencia Consuelo Cruz Galindo- vestido de civil e infiltrado en la marcha, inició el enfrentamiento al ofenderles con palabras altisonantes y discriminatorias como “pinches indios, vengo de civil y yo si les voy a partir la madre”, de acuerdo con los relatos de las y los manifestantes.
Pese a las acusaciones de las autoridades municipales, a la fecha no se tienen testigos de funcionarios lesionados y respecto a los señalamientos de retención del trabajador municipal, Israel Chávez, él permaneció en el autobús voluntariamente y por indicación del secretario de Gobernación, con testimonios de las mujeres que permanecieron a su lado.
Lo anterior, en el encuentro con medios de comunicación en el que participaron las y los regidores Carmen María Palma, Araceli Caselín, Ernesto Aguilar y Ángel Rivera, así como el regidor suplente Arturo Ramírez.
