Josél Moctezuma
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluidos los de Puebla, iniciaron este viernes 6 de noviembre de 2026 un paro de labores en al menos 16 estados y más de 20 sedes del país, en rechazo a las nuevas políticas de evaluación de desempeño publicadas el día anterior en el Diario Oficial de la Federación.
La medida, que afecta a secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales —alrededor de 32 mil trabajadores en más de 900 órganos jurisdiccionales—, surge por el temor a que el esquema ponga en riesgo la estabilidad de sus plazas laborales.
Según los inconformes, el examen de conocimientos representa solo el 40 % de la calificación, mientras que el 60 % restante depende de valoraciones de desempeño, comentarios de titulares y otros parámetros que consideran subjetivos.
Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores, refrendó el rechazo a las llamadas “evaluaciones”. Desde la sede de San Lázaro, en la Ciudad de México, señaló que el personal no se opone a ser evaluado, sino a que el proceso se utilice para sancionar o separar a los trabajadores.
“Que nos evalúen sí, pero que hagan otro acuerdo, no para castigarnos ni para corrernos, sino para mejorar la institución y dar un mejor servicio”, afirmó. Exigió que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) deje sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre.
Puebla se suma a entidades como Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco, además de las sedes capitalinas de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
En algunos lugares el paro comenzó a la medianoche; en otros, a las 9:00 horas.
Se mantienen guardias para asuntos urgentes
El conflicto se enmarca en las transformaciones derivadas de la reforma judicial. El OAJ estableció un sistema de evaluación periódica (cada dos años) para el personal de carrera judicial, con niveles de calificación que van de “sobresaliente” a “insuficiente”. Quienes obtengan resultados altos recibirían constancia de permanencia por dos años; calificaciones intermedias, por un año con medidas de fortalecimiento; y resultados negativos podrían derivar en consecuencias laborales, según la interpretación de los trabajadores.
El OAJ ha aclarado que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, sin implicar despidos ni pérdida de plazas, y servirá para identificar necesidades de capacitación.
Los trabajadores, sin embargo, desconfían de los criterios y del peso de las valoraciones de superiores, muchos de ellos jueces electos recientemente, y defienden derechos adquiridos tras años de servicio.
Esta movilización representa una nueva interrupción de actividades en el sistema judicial federal, luego de las protestas registradas en 2024. Hasta el momento, el paro se mantiene indefinido mientras no se resuelva el desacuerdo sobre el acuerdo del OAJ.
El paro de labores en el #PoderJudicial federal ya está activo en: Monterrey, Morelos, Coatzacoalcos, Nayarit, Guanajuato, Morelia, Chiapas, Puebla, CDMX, Toluca, Tabasco, Pachuca, Chilpancingo, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco, BCS… y en sedes que se sigan sumando.
