La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, cumplió dos órdenes de aprehensión contra Ana Belén N., de 25 años, y Daniel N., de 41, por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un elemento de la Policía Municipal de Ixtenco, Tlaxcala.
De acuerdo con la investigación, el 10 de agosto de 2026, aproximadamente a las 9:30 horas, la víctima, quien había concluido su jornada laboral, llegó a un camino de terracería de la comunidad de San Juan Bautista Mier, en el municipio de Zitlaltepec, Tlaxcala, donde se encontró con los hoy detenidos y otras dos personas.
En el lugar se habría registrado una discusión, durante la cual la víctima fue agredida físicamente y sometida. Posteriormente, los involucrados presuntamente la introdujeron por la fuerza en un vehículo Ford Focus, mientras otro de los investigados se retiró en un automóvil Chevrolet Spark. Desde ese momento se desconoce el paradero de la víctima.
Derivado de actos de investigación de campo y gabinete, agentes de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional de la FGE Puebla, en coordinación con la Policía de Investigación de Tlaxcala, lograron establecer la ubicación de ambas personas, quienes contaban con mandamientos judiciales vigentes emitidos por una jueza del estado vecino.
El 12 de noviembre de 2026, Ana Belén N. fue detenida en la localidad de Máximo Serdán, municipio de Rafael Lara Grajales, mientras que Daniel N. fue aprehendido en el barrio de San Antonio, municipio de Nopalucan. Ambas detenciones se realizaron tras corroborar sus identidades y notificarles las órdenes judiciales correspondientes.
Las dos personas detenidas fueron entregadas a agentes de la Fiscalía de Tlaxcala para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que las requiere, a fin de continuar con el procedimiento penal correspondiente.
La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene la colaboración con autoridades de otras entidades federativas para el cumplimiento de mandamientos judiciales y el esclarecimiento de delitos que afectan la libertad y seguridad de las personas.
