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Un grupo criminal que opera en la zona metropolitana de Puebla financió los bloqueos registrados el martes 10 de noviembre, en los que supuestos familiares de internos del penal de San Miguel paralizaron al menos ocho puntos viales de la capital y su área conurbada.
Fuentes policiales de inteligencia revelaron que los participantes recibieron pagos de alrededor de 400 pesos por persona. La movilización, presentada como protesta legítima de parientes de reos, habría sido organizada y sufragada por integrantes de la organización delictiva para presionar por el traslado de internos identificados como “El Primo”, “El Mara” y Juan Carlos N., señalados de controlar redes de extorsión y narcomenudeo dentro del Cereso.
Los cierres afectaron la autopista México-Puebla a la altura de Xoxtla, la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico frente al C5, Casa Aguayo, avenidas Reforma y 11 Sur, y las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH). En algunos puntos se quemaron llantas y se reportaron daños en cristales de Casa Aguayo.
La presidenta de la CDH Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, informó que en lo que va de 2026 el organismo ha recibido 32 quejas por presunta extorsión y cobros ilegales en el penal de San Miguel. De ellas, 18 ya cuentan con medidas cautelares para proteger la integridad y la vida de las personas privadas de la libertad.
Las investigaciones pueden iniciarse de oficio, por teléfono o de manera presencial.
La Primera Visitaduría realiza visitas al centro penitenciario para verificar los hechos directamente con los internos y, de ser necesario, emite medidas de protección inmediatas.
Posteriormente se solicitan informes a las autoridades penitenciarias.
Sánchez Soya precisó que las inconformidades no se limitan a San Miguel. Otros centros, como el de Tepexi de Rodríguez, también acumulan quejas recurrentes por presuntas violaciones a derechos humanos, falta de suministros médicos y condiciones de reclusión.
Los bloqueos se levantaron tras un diálogo con autoridades estatales.
La Fiscalía y áreas de inteligencia continúan la línea de investigación sobre el financiamiento criminal de la movilización.
