La “reina” que gobernó con camioneta blindada en Acatlán, ya se va
Josél Moctezuma
Todo poder que se ejerce sin límites lleva su propia sentencia. El poder no es eterno: tiene fecha de caducidad, y cuando quien lo ostenta se empeña en ignorarlo, es el pueblo —o las instituciones que aún le responden— quien se encarga de adelantar el vencimiento.
Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir en el municipio de Acatlán de Osorio, donde el castillo de arena que Guadalupe Lucero Bárcenas el cual construyó a fuerza de camionetas blindadas y desplantes de reina empieza, por fin, a derrumbarse a casi dos años de gobierno.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado ya declaró formalmente abierto el procedimiento para determinar la revocación de mandato de la alcaldesa, del síndico y de los siete regidores. El expediente CGPC/HCE/001/2026 no nace de la nada: es la consecuencia de dos meses de una crisis política que el ayuntamiento nunca logró resolver por la vía de la negociación, y que terminó por agotar la paciencia —y la tolerancia— de la propia Secretaría de Gobernación, el Congreso y el gobierno estatal.
Porque de eso se trata también esta historia: del aseo político que el gobierno estatal ha emprendido en los municipios donde el poder local se ejerció como patrimonio personal.
La Secretaría de Gobernación estatal no pudo separar la razón y causas sociales con los caprichos de una alcaldesa inexperta en la política, pero sobreprotegida por algún funcionario desde el poder.
Todas las negociaciones para reencauzar al cabildo fracasaron una y otra vez, después de que siete regidurías y el propio síndico terminaron por presentar sus propios escritos ante el Congreso, hartos de una presidenta municipal que gobernó como si el municipio le perteneciera. Y no es exageración.
Lucero Bárcenas ha protagonizado, en meses recientes, una colección de escándalos que bastarían por sí solos para explicar el hartazgo: una camioneta blindada de casi dos millones de pesos, adquirida con el discurso de la seguridad pero exhibida como símbolo de un poder que se cree intocable; desplantes públicos que retratan a una funcionaria más cercana al ademán de monarca que al de servidora pública; y, como colofón, el intento de dejar el control del ayuntamiento en manos de su propia madre, como si Acatlán de Osorio fuera una herencia familiar y no un cargo de elección popular.
El patrón no es nuevo, ni exclusivo de Acatlán. En Tianguismanalco, el alcalde preso por violación no dudó en dejar a su hijo gobernando en su lugar, como si la impunidad se heredara junto con el escritorio y la banda tricolor. Son la misma lógica, el mismo vicio: el poder entendido como dinastía, como negocio de familia, como algo que se hereda antes que se ejerce con responsabilidad ante quienes votaron.
Si el procedimiento en curso llega a su conclusión más severa —la desaparición de poderes y la instalación de un Concejo Municipal en Acatlán de Osorio— el mensaje del Gobierno del Estado de Puebla será contundente: se acabaron los cacicazgos disfrazados de cabildo. Es una advertencia que trasciende a Acatlán y que debería hacer sudar frío a cualquier alcalde o alcaldesa fantoche que hoy gobierne creyendo que el cargo es un trono y el pueblo, su servidumbre.
Que quede claro: devolver el respeto y la dignidad a un municipio no es venganza política, es obligación institucional. Y para quienes todavía confunden autoridad con autoritarismo, ahí está Acatlán de Osorio, con su castillo de arena derrumbándose grano a grano, como recordatorio de que ningún poder, por blindado que se sienta, es inmune a la marea que sube cuando el pueblo —o las instituciones— finalmente deciden que ya fue suficiente.
Nos leemos pronto:
