Dr. Melitón Lozano Pérez
02 de septiembre 2026
El amor, reducido con frecuencia a una categoría sentimental, a un adorno retórico de la gestión política, entraña en realidad una densidad ontológica y mística de dimensiones profundas. Lejos del sentimentalismo superficial que busca adormecer las conciencias, el amor en su sentido auténticamente político es el acto ético primordial: el reconocimiento incondicional de la existencia del otro en su dignidad intrínseca.
Como lo advertía el biólogo y filósofo Humberto Maturana, el amor se revela en las condiciones concretas de su manifestación; no es una abstracción, sino la apertura del espacio relacional en el cual el otro surge como un legítimo otro en convivencia con uno. Cuando la política despoja al amor de la cursilería para asumirlo como fundamento ético, el Estado deja de ser una fría maquinaria burocrática de control social para transformarse en un espacio de cuidado comunitario y preservación de la vida.
Esta concepción del afecto como motor de transformación social posee antecedentes definitivos en la América Latina contemporánea. Ernesto “Che” Guevara, bajo el riesgo de ser considerado frívolo, sostenía que “el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”, una máxima que sitúa a la afectividad no como una debilidad, sino como el verdadero motor ideológico de la transformación social.
En la narrativa regional, la apelación a este sentimiento ha servido como respuesta moral frente al desgarramiento provocado por modelos excluyentes. Andrés Manuel López Obrador formuló el uso más sistemático de este principio en México al proponer la República Amorosa como una categoría política orientada a la revolución de las conciencias basada en el amor al prójimo y a la patria, condensada en su célebre premisa de que amor con amor se paga.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva enarboló la bandera de que el amor vencería al odio como antídoto indispensable frente a la polarización, enlazando la afectividad a la restauración de las garantías básicas de su pueblo. Asimismo, José “Pepe” Mujica en Uruguay contrapuso el odio como fuerza destructiva al amor por la vida y la sobriedad como articulación del humanismo de izquierda, mientras que Gustavo Petro en Colombia proclamó la política del amor como el principio ético para sanar las heridas del conflicto armado e instaurar una potencia mundial de la vida.
El denominador común entre estas vertientes ha sido la urgencia de humanizar el proyecto político frente a las inercias del mercado y elevar la función pública a una tarea de regeneración moral y ética. Sin embargo, en el horizonte del Humanismo Mexicano se ha dado un salto cualitativo definitivo. La diferencia sustancial radica en trascender la retórica del afecto para operativizar el amor en la arquitectura institucional del Estado.
Fue precisamente en su Informe de Gobierno, pronunciado en el Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sintetizó esta metamorfosis política en una afirmación categórica: “Y quizá ahí se encuentra una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo: haber convertido el amor en política pública, y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México.”
Esta formulación despoja al bienestar social de cualquier matiz de caridad o concesión graciosa del gobernante. Al institucionalizar la solidaridad y la ética del cuidado en forma de derechos constitucionales, el amor abandona la volatilidad del voluntarismo y se asienta en la permanencia de la ley. Parafraseando a Dussel, se trata de la plasmación práctica, donde el pueblo no es un mero receptor pasivo de la ayuda estatal, sino la fuente, sede y sujeto creador de la potencia política, cuyos derechos constituyen el reconocimiento pleno de su condición soberana.
La traducción de este principio ético en la realidad social, por mencionar algunos indicadores, se constata en la magnitud de la inversión pública destinada al bienestar de la población. Gracias a una inversión de 1 billón de pesos, 42 millones de mexicanas y mexicanos reciben un programa para el bienestar, donde la pensión universal para las personas adultas mayores beneficia actualmente a 14.1 millones de mexicanas y mexicanos, garantizando un ingreso digno en la etapa final de la vida. A la par, el respaldo a 1.8 millones de personas con discapacidad en diversas entidades del país, al tiempo 19 millones de estudiantes de todos los niveles educativos reciben becas para evitar el abandono escolar.
En materia de vivienda, la meta de construcción de un millón 800 mil de acciones habitacionales dignas busca materializar el patrimonio familiar como un pilar inalienable, mientras que, en materia de salud, en solo dos años se inauguraron 38 hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios. El salario mínimo pasó de 2,800 pesos mensuales en 2018, a 9,584 pesos en 2026. Así las cosas, la política pública deja de ser una cifra presupuestal desalmada para convertirse en la encarnación visible del deber ético con los históricamente empobrecidos.
Esta perspectiva de amor materializado en la función pública encuentra también una expresión local determinante en la gestión del gobernador Alejandro Armenta a través del postulado Por Amor a Puebla. En su proyecto regional, esta consigna no opera como un simple lema regionalista, sino que adquiere cuerpo doctrinario en la Bioética Social. Esta visión plantea que el ejercicio del poder público debe velar por la preservación, el respeto y la prosperidad integral de la vida en todas sus manifestaciones, integrando la salud ambiental, la cohesión comunitaria y la justicia distributiva.
Así, tanto a nivel federal como local, la conversión del amor en compromiso institucional demuestra que, cuando se trasciende el discurso para volverse derecho conquistado, constituye la verdadera fuerza revolucionaria capaz de transformar la historia de las naciones.
