Josél Moctezuma
Familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron este lunes a las afueras del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, en Puebla, para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el traslado inmediato de cuatro internos: Juan Carlos, Juan Pedro alias “El Ambriz”, César Apolonio y Félix, este último señalado como presunto integrante de La Familia Michoacana.
Con cartulinas, frente al centro penitenciario, los inconformes denunciaron constantes abusos al interior del penal, entre ellos extorsiones, el cobro por visita íntima, el alquiler y uso ilícito de líneas telefónicas, así como el cobro de los propios servicios, actos de extorsión y otros delitos. Atribuyeron estas irregularidades a la administración del actual subsecretario de Centros Penitenciarios, Jorge Carlos Bobadilla Carpy, conocido en la población interna como “Bovedilla Capri”, y señalaron la presunta protección de mandos de la Secretaría de Marina.
Bobadilla Carpy, es licenciado en Derecho por la Universidad Villa Rica y con estudios en Alta Dirección, Gobierno y Políticas Públicas, fue designado en abril de 2025 por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla en sustitución de Miguel Ángel Rivas Lozano. El nombramiento se produjo tras el hallazgo del cuerpo sin vida del interno Germán A; el 18 de marzo de 2025 en el dormitorio “O” del mismo penal. El cuerpo presentaba signos de asfixia y la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por homicidio.
La protesta generó afectaciones viales en el Camino al Batán. Personal de la Secretaría de Gobernación y de la Seguridad Pública entablaron un diálogo con los manifestantes. De acuerdo con un comunicado de la SSP, el gobierno estatal prioriza el diálogo y el respeto al derecho de libre manifestación.
La dependencia informó que revisará las peticiones de los inconformes e iniciará investigaciones internas para verificar las posibles irregularidades y abusos denunciados. Tras el acercamiento, los familiares se retiraron de manera voluntaria y se restableció la circulación.
Las autoridades reiteraron su disposición a atender planteamientos legítimos relacionados con las condiciones de las personas privadas de la libertad.
