Familiares y Fiscalía enfrentan versiones tras la detención de Javier Montalvo
Josél Moctezuma /
Noticias con Moctezuma
La investigación sobre el asesinato del periodista y docente Josué Martínez, conocido como “El Jaguar”, ha generado controversia tras la detención de Javier N., presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, acusado por la Fiscalía General del Estado de Puebla de cohecho.
De acuerdo al comunicado oficial, Montalvo ofreció dinero y un vehículo a las autoridades durante las diligencias del caso donde es señalado como presunto involucrado en el crimen.
Por otro lado, la familia de Montalvo y un grupo de manifestantes sostienen que la detención es injusta y que la acusación de cohecho es una invención para desviar la atención de capturar al verdadero responsable.
En una protesta que bloqueó la caseta de cobro de la autopista Puebla-México durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, los inconformes defendieron que Montalvo se presentó ante las autoridades para colaborar y no tiene relación con el homicidio.
Argumentan que si fuera culpable, habría huido y que su detención es una táctica para cerrar el caso sin realizar una investigación adecuada y evitar involucrar a otros autoridades para esclarecer los hechos y llegar a la verdad.
El comunicado de la familia señala que no se exhibió una orden judicial durante la detención y que la defensa no ha podido comunicarse con Montalvo adecuadamente, lo que podría violar sus derechos constitucionales. La falta de información sobre su paradero tras el arresto también ha sido motivo de preocupación.
La situación ha llevado a un llamado a la transparencia.
La familia pide a las autoridades que respeten el debido proceso y que se garantice una investigación imparcial. A su vez, instan a la población a mantenerse unida y a actuar de manera pacífica para exigir justicia y verdad en un caso que ha conmocionado a la comunidad poblana.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias, defendiendo su postura y señalando que la detención está fundamentada en pruebas concretas. Sin embargo, la presión social crece, demandando claridad y justicia en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es palpable.
