Con el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla, autoridades de todo el país presentaron el Tablero Justicia Centrada en las Personas (JCP), una herramienta de alcance nacional que permitirá evaluar y fortalecer el desempeño institucional a partir de la experiencia de las y los usuarios. El proyecto impulsa un nuevo modelo de justicia enfocado en la accesibilidad, la cercanía, el trato digno y la mejora continua de los servicios judiciales.
El gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que los principios de José María Morelos y Pavón mantienen plena vigencia. “La patria es primero”, afirmó, al destacar que esa visión coincide con el humanismo que coloca los derechos sociales en el centro de la acción pública. Recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos.
“La sociedad se siente protegida, satisfecha, cuando hacemos lo correcto desde el ámbito de nuestra responsabilidad en el poder público”, subrayó.
Asimismo, reiteró que el Poder Ejecutivo se suma al fortalecimiento institucional del Poder Judicial con pleno respeto a sus competencias, en concordancia con la visión de colaboración entre poderes que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el encuentro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que “México vive una resonancia histórica porque se actualiza una de las grandes aspiraciones de la justicia: tener un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitraje”. Al evocar el legado de José María Morelos y Pavón, señaló que dicho principio constituye la brújula moral de este esfuerzo para que ninguna persona permanezca invisible frente al poder público.
Asimismo, destacó que el tablero inaugura una cultura nacional de aprendizaje entre los poderes judiciales locales y precisó que el instrumento debe entenderse como un espejo institucional que refleja la madurez de las instituciones. “Un tribunal no solo administra justicia, sino que sostiene una esperanza pública”, expresó.
Guerra Álvarez subrayó que México se construye desde sus estados, regiones y comunidades, por lo que cada poder judicial aporta experiencias y realidades distintas. En ese contexto, señaló que la iniciativa fortalece el aprendizaje colectivo, la conciencia institucional compartida y el federalismo judicial en acción.
Por su parte, la directora general de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja, reconoció el liderazgo del Poder Judicial del Estado de Puebla por asumir la coordinación de este esfuerzo nacional y agradeció la participación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB).
Explicó que desde hace 15 años trabaja en la construcción de una justicia más accesible y cercana, especialmente para quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Recordó además que recientemente los países de la región suscribieron el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, instrumento que coloca a las personas en el centro de los sistemas judiciales.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, destacó que la legitimidad de la justicia no depende únicamente de las resoluciones emitidas, sino de la forma en que la ciudadanía vive, percibe y experimenta el acceso a ella. Además, reconoció la participación de los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entidades que integran la primera etapa de trabajo.
En su intervención, el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, informó que el objetivo es construir instituciones judiciales cada vez más cercanas y sensibles a las necesidades de la población. Destacó la realización de 24 jornadas de asesoría y orientación jurídica gratuita en municipios y comunidades, así como 50 jornadas itinerantes del módulo de atención ciudadana. También reportó visitas de supervisión en casas de justicia y juzgados para elevar la calidad de los servicios, al señalar que “la justicia no puede permanecer distante de las personas”.
Las y los participantes coincidieron en que los poderes judiciales del país tienen hoy la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana, conocer las necesidades de las personas y colocarlas en el centro de la toma de decisiones. Con este proyecto nacional, Puebla contribuye a la construcción de una justicia moderna, eficiente y profundamente humanista.
