Josél Moctezuma
De los 217 municipios del estado de Puebla, San Juan Epatlán es el único que no cuenta con policías municipales, está ubicado en la mixteca poblana donde se exhibió el mal gobierno de Raúl Merino Badillo de (MORENA).
Sobre la falta de seguridad en Epatlán habló el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien reconoció un rezago generalizado en la certificación de elementos debido a la falta de voluntad de los ayuntamientos para invertir en seguridad.
La ausencia total de corporación policial en esta demarcación ha obligado al Gobierno del Estado a asumir la responsabilidad, destinando elementos de la Policía Estatal para garantizar la seguridad de la población.
El titular de la SSP detalló que actualmente 7 mil 898 policías municipales están certificados, sin embargo, aún falta el 40 por ciento para cubrir el estándar requerido por la ley. Esta situación impide que muchos elementos porten armas o desempeñen plenamente sus funciones.
“Hay municipios que tienen policías desarmados, y el estado debe intervenir destinando un pelotón de cuatro elementos para acompañar la labor de los policías locales”, explicó.
Aunque no lo dijo con nombre y apellido, Epatlán exhibe con claridad las debilidades de su administración municipal, encabezada por un alcalde joven que no ha logrado articular diálogo, gestión ni iniciativa en un tema tan básico como la seguridad pública.
La falta de planeación, coordinación y prioridades deja al descubierto una conducción torpe y reactiva, que traslada al estado responsabilidades que son, por ley, municipales.
Sánchez González subrayó que la seguridad implica una inversión considerable, razón por la cual algunos ayuntamientos optan por evadir el costo político y financiero. No obstante, recordó que sin certificación no hay legalidad, y sin legalidad no hay seguridad real.
Pese a ello, el Gobierno del Estado mantiene su respaldo a los municipios, incluso mediante la entrega de patrullas en comodato, aunque dejó claro que el apoyo estatal no sustituye la obligación constitucional de los ayuntamientos.
El caso de Epatlán se convierte así en un foco rojo de gobernabilidad, donde la inexperiencia y la falta de liderazgo local impactan directamente en la tranquilidad de la ciudadanía.
