Josél Moctezuma
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, advirtió que exfuncionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que hayan incurrido en irregularidades en la asignación de plazas docentes o en la entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) serán sancionados conforme a la ley, sin distinciones ni privilegios.
En entrevista, el mandatario estatal precisó que esperará a que concluya la auditoría integral solicitada para revisar los últimos 10 años de operaciones de la SEP, la cual es realizada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Lo anterior ocurre luego de que se documentaran presuntas irregularidades en distintas administraciones. En el periodo de Patricia Vázquez, se otorgaron 944 RVOE; en la administración de Ignacio Alvízar, 415 registros; y en el último tramo de Isabel Merlo Talavera, se autorizaron 500 RVOE para instituciones educativas privadas, lo que en conjunto suma más de mil 500 registros.
Armenta subrayó que, de confirmarse anomalías, no habrá persecución política ni uso de la fuerza pública contra exfuncionarios de las administraciones de José Antonio Gali Fayad, Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero sí se aplicarán las sanciones administrativas o legales que correspondan.
“Nosotros no tenemos ningún interés en perseguir a nadie. Pero si se cometió una falta, un delito o una irregularidad, la ley debe aplicarse. No habrá detenciones policiacas; quien haya actuado mal deberá enfrentar las sanciones que marca la ley”, afirmó.
El gobernador reiteró que la auditoría también busca transparentar el destino de las 500 plazas docentes aprobadas por su administración en 2025, así como garantizar que estas cumplan su función en las aulas.
Finalmente, destacó que el objetivo es fortalecer la educación pública, asegurando la presencia de maestros de educación física, música y otras asignaturas, y evitar prácticas del pasado en las que docentes eran asignados a labores administrativas ajenas a la enseñanza.
Con ello, Armenta aseguró que su gobierno mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, con una visión de orden, legalidad y rescate del valor social de la educación en Puebla.
