El Congreso mexicano ha acelerado el proceso para aprobar, la nueva Ley General de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo informó el Diputado federal, Alejandro Carvajal.
Agregó que la propuesta ha reavivado tensiones entre organizaciones agrícolas y ganaderas y el Gobierno, en un contexto marcado por el reciente conflicto por el precio del maíz que derivó en bloqueos carreteros en al menos 20 Estados.
El legislador poblano, indicó que el punto central de la inconformidad radica en la modificación al régimen de concesiones de agua: las concesiones ya no podrán transmitirse libremente entre particulares y deberán regresar al Estado para su reasignación por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
El Gobierno argumenta que esta medida busca poner fin al mercado ilegal de concesiones que se ha formado en diversas regiones; no obstante, ejidatarios y productores sostienen que esta restricción afectaría la herencia y venta de tierras, pues sin el título de uso del agua, las parcelas pierden valor.
En respuesta a estas inquietudes, el Ejecutivo, CONAGUA y legisladores de la Cámara de Diputados han mantenido un diálogo permanente con ejidatarios y campesinos para aclarar alcances y corregir interpretaciones erróneas. Entre los acuerdos y precisiones realizadas destacan:
- Se permitirá la cesión de títulos de pozos de agua para que otra
persona pueda continuar el cultivo y cuidado de las tierras.
- Los propietarios de títulos de riego podrán vender o ceder sus derechos, con las garantías correspondientes, a quienes deseen adquirir tierras y asegurar el acceso al agua para su explotación agrícola.
- Los ejidatarios conservarán la operación de los distritos de riego, evitando depender de decisiones burocráticas que podrían derivar en una mala distribución del recurso.
El Gobierno ha reiterado que la intención del Estado no es apropiarse del agua, sino garantizar su uso equitativo, transparente y sustentable, fortaleciendo al mismo tiempo el derecho humano al acceso al agua y protegiendo a los productores agrícolas de prácticas irregulares que han dañado el manejo del recurso por décadas.
