Josél Moctezuma
Contratos por obras inexistentes, otros por supuestas obras adicionales y algunos más en los que ni siquiera se firmaron convenios son parte de los laudos que actualmente atiende la Consejería Jurídica del estado.
El objetivo: evitar un daño superior a 2 mil millones de pesos que diversas empresas intentan cobrar mediante juicios iniciados desde 2013, informó el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra.
Señaló que compañías involucradas en estos litigios —entre ellas Melgarejo Construcciones — , así como Algani Internacional S.A. de C.V., Gilsa Infraestructura y Gilsa Salud
El funcionario explicó que, en varios expedientes, las empresas demandantes ni siquiera cuentan con contratos que respalden sus reclamos, pero aun así exigen pagos millonarios.
En otros casos, añadió, algunas compañías —incluidas firmas con sede en Monterrey, Nuevo León— argumentan que ejecutaron obras adicionales que no fueron cubiertas por el gobierno.
“Lo cierto es que estas empresas buscan causar un grave daño a las finanzas públicas de Puebla con obras que, en muchos casos, simplemente no existen”, advirtió García Parra.
Gobierno de Puebla enfrenta laudos por 2 mil millones de pesos desde 2003
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que el Gobierno de Puebla enfrenta laudos que suman 2 mil millones de pesos, derivados de reclamos de diversas empresas por obras y proyectos que no se ejecutaron o que no cuentan con contratos que acrediten su realización.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que los casos están en revisión por parte de la Consejería Jurídica del Estado, debido a que los procedimientos legales se iniciaron desde 2003 y abarcan varias administraciones estatales. Indicó que los reclamos provienen de compañías como Algani Internacional S.A. de C.V., Gilsa, Infraestructura Gilsa Salud y Melgarejo Construcciones.
García Parra señaló que algunos laudos corresponden a obras adicionales o complementarias que sí se realizaron y no recibieron pago, mientras que otros se relacionan con proyectos que no existen, no cuentan con contrato y aun así están sujetos a una exigencia de cobro. Subrayó que el Gobierno del Estado enfrenta litigios en Puebla y en Monterrey, Nuevo León, donde dos de las empresas involucradas fijaron su domicilio fiscal.
El coordinador del gabinete indicó que la administración estatal analiza mecanismos para evitar afectaciones al patrimonio público. Precisó que uno de los laudos está próximo a ejecutarse y que el gobernador Alejandro Armenta Mier anunciará una decisión sobre una negociación que busca proteger las finanzas estatales.
Finalmente, José Luis García Parra afirmó que los laudos obligan a implementar medidas que impidan comprometer las finanzas del estado y que la actual administración mantiene la atención puntual de los procesos legales que continúan en desarrollo.
