Josél Moctezuma
Familiares de internos del CERESO de San Miguel se manifiestan y bloquean el paso en Camino al Batán y la conexión Periférico en amboa sentidos para denunciar supuestos abusos y extorsiones dentro del penal.
Familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel desplegaron este viernes una lona de denuncia pública contra presuntos abusos, torturas y un esquema de cobros ilegales que —afirman— opera sin freno dentro del centro penitenciario.
El mensaje, dirigido al gobernador Alejandro Armenta Mier y al director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, señala directamente a internos que supuestamente controlan la venta de droga, la renta de teléfonos celulares y otras actividades ilegales al interior del reclusorio.
En la manta acusan a dos internos, identificados como Rubén y Miguel Primitivo Hernández, de “vender droga dentro del penal”. Además, se menciona a otro reo, Marcos Pavón, alias “El Nenuco chacharero”, como presunto responsable de la renta clandestina de teléfonos y otros objetos.
Las familias aseguran que sus parientes “han sufrido torturas y extorsiones”, y denuncian que prácticamente todo tiene un costo impuesto por los grupos que controlan la vida diaria dentro del penal. “¡Ya estamos hartos de que a nuestros familiares les cobren por todo!”, se lee en el mensaje escrito en la lona.
La protesta exhibe un reclamo creciente: la falta de control institucional dentro de uno de los penales más conflictivos del estado. No es la primera vez que surgen señalamientos de autogobierno, cobro de piso y mercado negro en San Miguel; sin embargo, las autoridades no han emitido algún posicionamiento sobre esta denuncia en particular.
El llamado de las familias exige una intervención inmediata, auditorías internas y mecanismos de protección para los internos que, aseguran, viven bajo amenazas constantes.
