Josél Moctezuma
Este lunes, el juez del Sexto Circuito vinculó a proceso a Irene N., exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el delito de intimidación. Durante la audiencia, que se extendió por casi cinco horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, también se discutieron casos relacionados con tortura, agresión sexual, falsificación de documentos y el asesinato de un testigo clave.
La audiencia, que inició a las 3 de la tarde, fue crucial para las investigaciones en curso sobre los abusos ocurridos durante la administración de Irene Olea. Entre los señalamientos más graves está la intimidación a tres testigos protegidos que, tras haber proporcionado información clave sobre falsificación de documentos y manipulación en el ayuntamiento, enfrentaron represalias. Dos de ellos fueron despedidos, mientras que Socorro Barrera, la tercera testigo, fue asesinada hace un año en circunstancias que aún se investigan.
“Tarde o temprano, Irene enfrentará las consecuencias de sus actos y estará tras las rejas. Este proceso confirma que la justicia avanza, aunque aún falta mucho por hacer”, declaró Michelle Hoyos López, una de las víctimas al salir de la audiencia de este día.
Los delitos que enfrenta Olea Torres incluyen intimidación y, aunque no se logró su vinculación por falsificación de documentos, la Fiscalía continuará investigando. Por el momento, se le han impuesto medidas cautelares que le prohíben salir del estado o acercarse a las víctimas.
Por otra parte, seis policías municipales señalados como responsables de tortura sexual y abuso de autoridad continúan prófugos tras haber obtenido amparos. Se espera que la próxima audiencia, programada para agosto, determine más acciones legales en su contra.
El caso también incluye investigaciones por la tortura sexual sufrida por Michelle y Natalie Hoyos en marzo de 2023, presuntamente perpetrada por policías municipales bajo órdenes de la ex alcaldesa. Las hermanas han exigido justicia desde entonces, en un proceso que, ha estado lleno de obstáculos y encubrimientos por parte de las autoridades locales.
Con la próxima audiencia fijada para agosto, las víctimas esperan que el sistema judicial refuerce las medidas para capturar a los prófugos y garantizar justicia para quienes han sufrido por los presuntos abusos cometidos durante la administración de Irene Olea Torres.
