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Las tensiones estallaron este miércoles 7 de mayo cuando pobladores bloquearon la carretera y repicaron campanas en protesta por un operativo policial que confiscó motocicletas a ciudadanos. El presidente municipal, Gustavo Sánchez Martiñón, atribuyó la acción al Gobierno del Estado de Puebla, aunque fue él quien delegó previamente la seguridad a instancias estatales y federales.
El operativo, enfocado en verificar documentación de motocicletas, derivó en el retiro de casi dos grúas llenas de vehículos. Vecinos denunciaron que las autoridades solo detienen a trabajadores y campesinos, mientras presuntos delincuentes, con motos robadas y armas, operan impunemente.
A través de Facebook, Sánchez Martiñón justificó el operativo como responsabilidad de la policía estatal e instó a los afectados a recuperar sus vehículos con documentos. Sin embargo, omitió mencionar que hace menos de 24 horas, solicitó formalmente la intervención de fuerzas federales y estatales para asumir el control de seguridad, incluyendo el despliegue militar, cámaras de vigilancia y policía cibernética.
Mientras el gobierno estatal avala las medidas anunciadas por el alcalde, la desconfianza ciudadana persiste. Los pobladores exigen acciones reales contra la delincuencia y rechazan operativos que, aseguran, criminalizan a la población laboriosa. La gestión de Sánchez Martiñón queda en entredicho, con una comunidad dividida entre la esperanza en refuerzos militares y el escepticismo ante promesas incumplidas.
