Puebla atraviesa un panorama de derechos humanos complejo y con múltiples cambios. En medio de una crisis de violencia, desaparición y ausencia de políticas públicas eficientes, se hace fundamental vigilar los mecanismos implementados a nivel estatal para enfrentar estas y otras políticas que complican la vida libre y humana de la ciudadanía.
En ese sentido, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla presentó el Análisis sobre el diseño, implementación y avances del Programa Estatal de Derechos Humanos 2021-2023 con el objetivo de verificar y repasar cómo se llevó a cabo esta iniciativa, y las buenas prácticas y áreas de mejora que se deben tomar en cuenta.
La Mtra. Shanik David George, responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad del IDHIE, presentó los principales hallazgos que obtuvo en esta investigación, pues considera importante que se generen “recomendaciones en esta coyuntura que tenemos en Puebla”.
Por su parte, la Lic. Renata Carvajal Bretón, integrante del IDHIE, explicó que “para poder hablar de un incumplimiento de las autoridades, hay que hacer un trabajo de análisis exhaustivo”, como lo es este trabajo, que también resalta la importancia de la transparencia y el acceso a la información.
La autora explicó los primeros pasos de este programa. A pesar de que habían sido anunciados en múltiples ocasiones a nivel federal y estatal, Puebla pasó “seis años en que estos temas no fueron prioritarios para la administración pública estatal”, pues si bien se dio a conocer en diciembre 2021, operó hasta enero de 2023.
“[El PEDH] no está reflejando la realidad estatal”: Mtra. Shanik David
En ese sentido, explicó las grandes áreas de oportunidad del PEDH, comenzando por su diseño, que no se apegó a las metodologías propuestas por la Secretaría de Gobernación federal, y más bien se estructuró como un programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que no cuenta con un enfoque preciso en materia de derechos humanos.
Además, no se aplicaron mecanismos adecuados de participación ciudadana, pues solo tuvo una encuesta ciudadana por menos de un año, y no fue difundida adecuadamente.
A esto se suma que los temas que se abordan no incluyen todas las problemáticas en materia de derechos humanos en el estado, como la desaparición de personas o los feminicidios. Según concluye el estudio del IDHIE, el PEDH no atiende los asuntos a fondo.
Ejemplo de esto es la falta de profundización o inclusión de problemáticas como los feminicidios o la desaparición de personas, aspectos de alta importancia en el estado debido a la gran densidad de denuncias que acumulan estos aspectos.
O el abordaje de la trata de personas, que solo habla de la explotación laboral y afirma que solo los hombres son víctimas de esta, omitiendo otras expresiones de dicha violencia.
Finalmente, la experta reconoció que las problemáticas explicadas en este plan y las acciones consecuentes no tienen la vinculación suficiente y, por tanto, carecen de una ruta certera de acción y realización. Todos estos aspectos complican la implementación de este plan de manera óptima para la sociedad poblana.
Entre las recomendaciones del IDHIE destaca la difusión de las acciones del Sistema Estatal de Derechos Humanos y las otras organizaciones responsables del programa; el diseño de una metodología especial; la implementación de mecanismos de participación ciudadana, y la inclusión de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, pues son las organizaciones con más quejas de violaciones a derechos humanos en la entidad.
“Los derechos humanos se han visto afectados directamente porque no ha habido un avance de estos programas”, afirmó la Mtra. David George, y dio paso a la perspectiva de la Mtra. Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora Observatorio de Designaciones Públicas, quien partió de esta idea para visibilizar la complejidad de la ausencia de un plan estratégico para los derechos humanos.
Para la experta, la importancia de este tipo de ejercicios de transparencia y análisis radica en seguir enfrentando la indiferencia de las autoridades y las complejidades de la aplicación de derechos, pues “las personas somos lo último que les importa a los gobiernos”. Los derechos humanos, afirmó, requieren “meterle otros componentes y otro orden de las cosas. Por eso me parece importante mirarlos críticamente”.
