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Esta madrugada en el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla la Juez determinó vincular a proceso por los presuntos delitos de tortura y abuso de autoridad a cinco policías y al Juez Calificador, todos ellos funcionarios en activo del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros bajo las órdenes de la alcandesa Irene Olea Torres.
Al filo de la 1 de la madrugada de este martes se cumplieron las 15 horas de audiencia por la detención ilegal de periodistas que fueron víctimas de tortura y privación ilegal de la libertad el pasado 10 de marzo del 2023 en el marco de la Marcha del 8M.
El Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Puebla, ubicado en Camino al Batán se mantiene con un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Guardia Nacional y Policía Estatal.
Al filo de la 1 de la madrugada se cumplieron 15 horas de audiencia por la detención ilegal de periodistas que fueron víctimas de tortura y privación ilegal de la libertad.
MEDIDAS CAUTELARES
La Juez determinó medidas cautelares como una fianza bajo caución superior a los 6 mil pesos para cada funcionarios municipal, de acuerdo a sus ingresos mensuales, los procesados no podrán salir del país, si lo hacen deberán anticipar y justificar su salida ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no se pueden acercar a las víctimas en un radio de 100 metros, mantendrán firma periódica el día 15 de cada mes.
LAS PRUEBAS
La defensa legal de las periodistas presentó 103 pruebas en su contra, los funcionarios de Izúcar de Matamoros y sus abogados solo pudieron debatir 13 de más de las más de 100 pruebas.
Los funcionarios vinculados a proceso en la audiencia fueron Abel S., Víctor V., Abraham N., Jonathan N. y Mariela M., todos policías municipales, además de Jesús V., juez calificador del ayuntamiento que preside la morenista Irene Olea Torres desde 2021.
JUEZ ADMITE QUE SE COARTÓ LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A INFORMAR
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión calificó lo anterior como ilegal y arbitrario, ya que argumentaron el acto de los agentes no se ajustó a los lineamientos de flagrancia ni cuasiflagrancia establecidos en la Ley.
Acerca del delito de tortura, la defensa de las comunicólogas señaló, en la audiencia inicial del pasado jueves, que los servidores públicos de Izúcar las agredieron verbalmente y las forzaron a desnudarse, el juicio continuará en una próxima audiencia para valorar más pruebas.
