De Martín Hernández Alcántara | La Jornada
Desde la Universidad Iberoamericana Puebla la periodista Natalie Hoyos López y la activista Citlali Soriano Ortega pidieron ayer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que no quede impune la agresión sexual que cometieron el pasado 10 de marzo al menos 18 agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros contra la reportera y su hermana Michelle.
En una rueda de medios, las víctimas estuvieron acompañadas hoy por directivos de la institución jesuita y volvieron a relatar los ataques que padecieron a manos de los uniformados.
A pregunta expresa, Natalie Hoyos dijo que se han tramitado denuncias penales por los hechos al menos ante cuatro instancias: la Fiscalía General de la República (FGR), amén de las fiscalías estatales especializadas en investigación de Violencia de Género, Violencia de Género, Anticorrupción y la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, todas pertenecientes a la FGE.
Natalie Hoyos López –reportera del diario regional Enlace de Izúcar de Matamoros, corresponsal del portal e-consulta y quien también ha colaborado con La Jornada de Oriente– exigió que la Secretaría de Seguridad Pública revise los controles de confianza sobre los agentes de las corporaciones para evitar que tortura sexual como las que ella y su hermana sufrieron.
Tanto la periodista como Citlali Soriano Ortega recordaron que no solo hubo agresiones sexuales contra las hermanas Hoyos López, sino que hubo violencia física y verbal contra cinco feministas y un joven que las acompañaba, después de las manifestaciones que tuvieron lugar en la cabecera municipal.
Ambas responsabilizan a la alcaldesa Irene Olea de cualquier atentado contra sus vidas o las de sus familias.
M0 yoEn ese tenor, a través de un video grabado con anterioridad, pero que fue presentado en la conferencia de prensa, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la Oficina para México y Centroamérica, advirtió que en el caso de las periodistas y activistas agraviadas por policías de Izúcar, podrían encuadrarse en delitos como tortura sexual y tratos crueles e inhumanos, pero sin duda se trata de un delito de violencia de género.
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