CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como parte del Eje Especial “Gobierno Democrático, Innovador y Transparente”, apartado Fortalecimiento a la planeación, control, evaluación y fiscalización gubernamental, la administración estatal continuó en 2022 con acciones claras para garantizar un ejercicio público transparente, legal y sin corrupción.
Fueron detectadas irregularidades que pudieran constituir delitos fiscales por un monto de 5 mil 847 millones 487 mil pesos. Aunado a lo anterior, en coordinación con las notarías del estado, 2 mil 790 avisos notariales fueron analizados a efecto de identificar patrones que incidan en dicho tipo de conductas.
En el marco del Programa Anual de Auditoría 2022, hubo 236 auditorías por conducto de los Órganos Internos de Control (OIC) a 16 dependencias, 67 entidades y tres órganos auxiliares de la Administración Pública Estatal, correspondientes a un monto de 16 mil 230 millones de pesos de recursos estatales; lo anterior, dio como resultado un total de 96 observaciones, de las cuales 88 fueron de carácter administrativo y ocho de tipo económico, mismas que están en proceso de atención con un avance de 93 por ciento.
Respecto al Sistema Estatal de Personas Servidoras Públicas Sancionadas, 40 mil 774 constancias de no inhabilitación fueron expedidas a personas físicas para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como 5 mil 148 constancias de no inhabilitación para personas físicas y morales interesadas en participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos con el gobierno estatal y/o municipal. Lo anterior, fortaleció la convicción social en el cumplimiento de la normatividad aplicable, el correcto
ejercicio del servicio público y la legalidad de los procedimientos de contratación y adjudicación.
Asimismo, fue realizado el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses a través de la plataforma Declaranet por parte de los servidores públicos de las dependencias y entidades, en la que se registró un total de 125 mil 340 declaraciones, clasificadas en 6 mil 217 de inicio, 117 mil 302 de modificación y mil 821 por conclusión; esto mediante campañas de difusión a través de folletos, carteles y banners, capacitación a 44 mil 601 personas servidoras públicas y 8 mil 049 asesorías durante el proceso.
Un total de 11 mil 187 personas fueron capacitadas con el objetivo de brindar la información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones en materia de contraloría social, conformados por 5 mil 652 beneficiarios de programas sociales, 2 mil 897 personas servidoras públicas, 2 mil 365 integrantes de comités y 273 ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.
Hubo la aplicación de 11 mil 381 cédulas de vigilancia entre las personas beneficiarias de 22 programas sociales, obras y servicios, a fin de reforzar la vigilancia en la operación de dichas acciones gubernamentales y contribuir a inhibir posibles actos de corrupción y, se registraron 299 comités de Contraloría Social de programas de desarrollo social estatales, integrados por mil 238 personas (225 hombres y mil 13 mujeres).
