La decisión de los diputados locales para votar a favor de la actualización de la estructura tarifaria deriva de garantizar el abasto de agua, pero también del cumplimiento de un contrato firmado por anteriores administraciones, que ponía en desventaja a los ciudadanos respecto a los costos.
Estefan Chidiac explicó que cancelar la concesión de agua potable traería consecuencias económicas y jurídicas graves, sin que se tuvieran los recursos suficientes para resolver el problema de abasto de agua.
Es más, detalló que, de no haber aprobado cambios a la estructura tarifaria, los ciudadanos tendrían que haber pagado un aumento de casi 32 por ciento del servicio.
Sin embargo, se generaron acuerdos para cambiar las condiciones en favor de las y los ciudadanos y ese aumento de casi 32 por ciento disminuyó al cuatro por ciento para los sectores con menor capacidad económica, Además, se plantearon descuentos y condonaciones para que las y los usuarios se pusieran al corriente en sus pagos y se establecieron cláusulas para que la concesionaria cumpla su plan de inversión.
Entre los beneficios, detalló que la estructura tarifaria establece un aumento trimestral y ya no una actualización mensual.
A diferencia de las cláusulas anteriores, los ajustes no podrán rebasar el 7.5 por ciento anual, aunque se dispare la inflación, incrementen los costos de la electricidad o el monto del salario mínimo, como se tenía previo a los cambios aprobados.
“A todos aquellos que tienen adeudos mayores a cinco años se les están condonando y a todos aquellos a los que tienen de menos de cinco años, al día de hoy, se les está condonando el 75 por ciento de sus adeudos”, destacó Estefan Chidiac.
Como parte de la actualización de la estructura tarifaria, se estableció que los usuarios que estén al corriente obtendrán gratis su medidor y, en general, los costos de estos dispositivos se reducirán en 50 por ciento. Ante este panorama, destacó que se logró un mejor acuerdo que el anterior y todas las partes colaboran en la operación del servicio.
