En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado la Mesa Directiva dio cuenta de una iniciativa de decreto presentada por integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por la que se derogan los artículos 207 y 208 del Código Penal del Estado, correspondiente al delito de ultraje de la autoridad para eliminarlo del ordenamiento jurídico, porque atenta contra la libertad de expresión.
El delito de ultraje a la autoridad es todo aquel acto que suponga una ofensa, insulto o agresión, de forma física o verbal, dirigida contra un funcionario o un servidor público, con motivo del cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de ellas. Por lo que esta iniciativa busca proteger los derechos humanos de todas las personas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en sentencia en 2021 y un grupo de senadores presentó un exhorto a los congresos locales de 18 estados del país a derogar el delito, que se contrapone jurídicamente con los principios de presunción de inocencia, el libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.
La iniciativa para derogar los artículos 207 y 208 del Código Penal es porque se considera que con ellos se legitiman abusos contra los ciudadanos, pues las sanciones de tipo penal desestiman las garantías de derechos humanos y congratula el abuso de la autoridad.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
PROPONEN INICIATIVA PARA COMBATIR CIBERDELINCUENCIA
En otro momento del orden del día, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de decreto para reformar los artículos 479 y 479 Bis del Código Penal del Estado para crear una Estrategia Estatal contra el combate de la ciberdelincuencia, en coordinación con la política cibernética, impulsando programas institucionales y académicos para concientizar a la ciudadanía del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
PLANTEAN REFORMA PARA FORTALECER PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Mientras que la diputada Karla Rodríguez Palacios, en otro momento de la sesión, presentó una iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega- Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública que establece que el plazo que tiene el Ayuntamiento saliente para subsanar inconsistencias, proporcionar información o documentación y atender las observaciones consecuentes al Ayuntamiento entrante es de 30 días hábiles.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior para su estudio y resolución procedente.
PRESENTAN INICIATIVA PARA DEFINIR LA FIGURA DE INSTIGACIÓN AL SUICIDIO
En otro punto del orden del día la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa para reformar el artículo 333 del Código Penal para el Estado para definir, en este apartado, la figura de inducción o instigación como la influencia psicológica o moral que se ejerce sobre una persona, en la que se despierta o provoca la resolución de cometer el suicidio.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
PIDEN EN INICIATIVA QUE INTERCULTURALIDAD SEA UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
Al hacer uso de la palabra, en un momento distinto de la sesión, la diputada Erika Patricia Valencia Ávila presentó una iniciativa por la que se reforma el último párrafo del artículo 7 de la Constitución Política del Estado para incorporar la interculturalidad y pluralismo jurídico como Principios Constitucionales.
La Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de los siguientes puntos:
Iniciativa de Decreto que presenta la diputada Mónica Silva Ruíz por la que se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 299 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla para que las personas que se encuentren en algunas de las condiciones como alcoholismo o cualquier enfermedad hereditaria válidamente podrán celebrar su matrimonio, siempre y cuando exista manifestación expresa del libre consentimiento de los contrayentes de tener conocimiento sobre el tema.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Punto de Acuerdo que presenta la diputada Karla Rodríguez Palacios, por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado, para que realice capacitaciones hacia los ayuntamientos con relación a los actos de entrega-recepción entre servidoras y servidores públicos entrantes y salientes, con la finalidad de que en los mismos se dé cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley y para que se eviten saqueos en detrimento del erario público y se deslinden oportunamente las responsabilidades que correspondan cuando sean detectadas.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior para su estudio y resolución procedente.
